Giro judicial en la causa contra Manuel Adorni: el fiscal descarta enriquecimiento ilícito pero pide investigarlo por evasión impositiva
La investigación judicial que involucra al ex jefe de Gabinete y ex vocero presidencial, Manuel Adorni, dio un vuelco decisivo en los tribunales de Comodoro Py. En un extenso dictamen, el fiscal federal Gerardo Pollicita concluyó que no existen elementos suficientes para sostener que Adorni se enriqueció ilícitamente durante su paso por la función pública, descartando que el incremento patrimonial investigado haya tenido origen en su desempeño estatal. No obstante, el dictamen lejos está de significar un sobreseimiento definitivo: la Fiscalía solicitó que el juzgado a cargo de Ariel Lijo declare la incompetencia del fuero federal y remita las actuaciones a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, a fin de determinar si el ex funcionario incurrió en evasión tributaria sistemática al mantener activos y dólares en efectivo fuera del circuito legal antes de asumir el cargo.
El argumento de la defensa: la pista cripto y los ahorros previos
La causa se inició a partir de una denuncia formulada por la diputada Marcela Pagano, enfocado en el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026. Durante la instrucción, se habían detectado erogaciones por USD 402.578,12 (de los cuales USD 374.081,66 fueron en efectivo) y una brecha de $43 millones entre los ingresos lícitos declarados y los consumos efectuados.
Para justificar dichos desembolsos, Adorni argumentó haber realizado una inversión temprana en Bitcoin entre 2014 y 2018, operando con ocho billeteras de autocustodia cuyo volcado produjo cerca de USD 591.000, conservados posteriormente en efectivo.
Un peritaje técnico de la Policía Federal Argentina confirmó que la defensa de Adorni mantiene actualmente el control criptográfico de esas billeteras. Si bien el informe advirtió que la tecnología blockchain no permite determinar de manera fehaciente quién controlaba esas claves en el pasado, la Fiscalía determinó que los ingresos previos del matrimonio —que alcanzaban cerca de USD 493.000 en el período— hacían materialmente posible la adquisición de los activos virtuales, volviendo inverosímil desestimar su descargo.
Al no poder refutarse la hipótesis de que los fondos se generaron con anterioridad a diciembre de 2023, la figura de enriquecimiento ilícito —que exige que el incremento injustificado ocurra durante el ejercicio del cargo— quedó descartada por el fiscal.
El foco se traslada a Penal Económico: operaciones "fuera del radar de ARCA"
Pese a cerrar la vía del enriquecimiento ilícito, Pollicita advirtió sobre la presencia de maniobras consistentes con la omisión tributaria de bienes e ingresos. La propia defensa admitió que parte de los ahorros familiares y las operaciones con criptoactivos se mantuvieron "por fuera del radar" del organismo recaudador (ARCA) y que debieron presentarse declaraciones juradas rectificativas.
La investigación analiza una serie de operaciones inmobiliarias y movimientos económicos que presentan posibles irregularidades. Entre ellas aparece la compra de un inmueble en Indio Cuá por USD 120.000, financiada mediante préstamos privados otorgados por dos agentes policiales, además de refacciones que habrían sido abonadas en efectivo. En este punto, el contratista Matías Tabar quedó bajo la lupa de la Justicia por cuestiones vinculadas a la economía de la operación.
También se encuentra bajo análisis la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito, por un valor de USD 230.000, cuya compra habría sido financiada mediante una hipoteca privada a dos años y sin intereses. El gestor que intervino en la operación fue derivado a una investigación de carácter tributario.
Otro de los aspectos observados tiene que ver con la intervención notarial, donde se habrían detectado irregularidades en el registro de boletos y transferencias de dinero en efectivo. Por este motivo, se solicita remitir las actuaciones al Colegio de Escribanos para que evalúe el desempeño de la escribana Adriana Nechevenko.
Por último, la investigación también pone el foco en el uso de tarjetas de empleados y colaboradores de la Vocería para realizar compras de equipamiento y artículos de blanquería. Según lo declarado, los gastos habrían sido reintegrados en efectivo y registrados como asistencia personal.
Ante la abundancia de pagos en efectivo, el uso de interpósitas personas y la falta de registración oportuna de activos, el fiscal pidió que la Justicia Penal Económico evalúe si existió delito en la liquidación del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales. Ahora, el juez Ariel Lijo deberá resolver si acepta la declinación de competencia para enviar el expediente al nuevo fuero.