Tensión federal por los celulares en cárceles: Nación ofrece el bloqueo, pero PBA señala un obstáculo judicial clave
El gobierno nacional lanzó formalmente esta semana una convocatoria a las provincias para que se sumen al sistema de bloqueo de señales e IMEI que ya opera en los penales federales, bajo el ala del Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva. La propuesta, presentada como una herramienta "lista para usar", busca replicar el aislamiento comunicacional que, según la cartera nacional, ya es una realidad en el Servicio Penitenciario Federal.
Sin embargo, lo que en Casa Rosada presentan como una decisión administrativa, en la provincia de Buenos Aires choca de lleno con un muro normativo y doctrinario. El ministro bonaerense Javier Alonso salió al cruce de los anuncios con una aclaración que desnuda la grieta jurisdiccional: más allá de la tecnología, la potestad para inhabilitar teléfonos en las cárceles bonaerenses no recae en el Ejecutivo, sino directamente en los jueces de ejecución penal. "El que ordena lo que se hace con el preso es el juez, y es el juez quien nos obliga a darles acceso", zanjó el funcionario de Kicillof durante una entrevista matutina.
En el fragor del debate, Alonso añadió un dato político no menor: desmintió el relato de "control total" nacional al asegurar que, en los hechos, solo existe una única unidad penitenciaria en todo el país donde no ingresa ni un solo aparato—la de aislamiento para narcos—, mientras que el resto de las prisiones conviven con el fenómeno.
El trasfondo del conflicto no es solo técnico, sino filosófico. Mientras Nación empuja la lógica de la seguridad extrema y la destrucción masiva de dispositivos (más de 4.000 destruidos en abril), en territorio bonaerense defienden la utilidad del celular como premio por buena conducta o como herramienta educativa, postura que incluso respaldan organismos como la Comisión Provincial por la Memoria y la Universidad Nacional del Centro.
En el plano legislativo, la solución parece estancada. Pese a que existen proyectos como el de la senadora Malena Galmarini para instalar inhibidores en las cárceles provinciales, ninguna iniciativa ha logrado el consenso necesario para modificar el régimen vigente. Así, mientras Monteoliva insta a las provincias a "tomar la decisión", en PBA insisten en que, sin una ley que respalde el bloqueo o una orden judicial que lo habilite, cualquier intento de presión nacional queda sujeto a la autonomía de los tribunales.