Martilleros bonaerenses impulsan el "Régimen de Alquiler Social" para reducir los costos de ingreso a la vivienda
Con el objetivo de aliviar la carga económica que afrontan los inquilinos al momento de firmar un contrato, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto de ley para crear el "Régimen de Alquiler Social". La iniciativa, elaborada tras el freno a los intentos de desregulación del sector y presentada junto al legislador provincial Rubén Eslaiman (Frente Renovador), busca beneficiar a los sectores de menores ingresos —aquellos que perciben haberes por debajo de la Categoría 20 de la administración pública provincial— mediante la eliminación de los principales gastos de entrada.
El proyecto establece una reconfiguración de los costos iniciales: los honorarios inmobiliarios por intermediación deberán ser absorbidos en su totalidad por los propietarios, mientras que los informes del Registro de la Propiedad Inmueble y la certificación de firmas serán gratuitos para los locatarios. En paralelo, la normativa prohíbe a las empresas prestadoras de servicios públicos cobrar cargos por conexión, reconexión, depósito o cambio de titularidad en los inmuebles alcanzados por el programa, bastando la sola presentación del contrato de alquiler para dar de alta los suministros.
Para compensar al sector privado y fomentar el aumento de la oferta habitacional, la propuesta contempla un esquema de exenciones impositivas provinciales para los locadores que pongan sus inmuebles a disposición bajo este régimen, al tiempo que invita a los municipios a adherir con rebajas en las tasas locales. Según remarcó el presidente de la entidad profesional, Luis Colao, la iniciativa apunta a aplicar un criterio de segmentación justa para dar respuesta a la problemática del acceso a la vivienda en el territorio bonaerense.