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El máximo tribunal desestimó los recursos que habían intentado frenar el avance de la ejecución patrimonial, entre ellos el presentado por el empresario Lázaro Báez, también condenado en la misma causa. La resolución allana el camino para que el Tribunal Oral Federal 2 continúe con el remate de las propiedades, en el marco de una investigación que comprobó el direccionamiento sistemático de 51 licitaciones de obra pública vial en Santa Cruz durante el período 2003-2015, beneficiando al Grupo Austral. La decisión de la Corte supone un nuevo revés judicial para la ex mandataria, quien cumple arresto domiciliario desde hace un año, y para los exfuncionarios condenados por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. En su intento por frenar el proceso, la defensa de Fernández de Kirchner había sostenido que el decomiso excedía el ámbito penal y debía ser tratado en la órbita civil, además de denunciar una persecución múltiple. Sin embargo, tanto la Cámara Federal de Casación Penal como ahora la Suprema Corte desestimaron esos argumentos, al entender que la medida es parte inherente de la sentencia firme y debe ser ejecutada en el fuero penal. De esta manera, la actualización del decomiso queda firme y alcanza de manera solidaria a todos los sentenciados, entre los cuales se encuentran Nelson Periotti, Francisco López y Juan Villafañe, con penas que van desde los tres años y medio hasta los seis años de prisión.