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La decisión, leída pasadas las 12.30 en Río Gallegos, consagró una condena que, por su modalidad condicional, no implicará la detención efectiva de Villamide, quien ya había sido destituido de la Armada en 2021. El ex capitán de navío podrá seguir ejerciendo como capitán de ultramar en la Marina Mercante, aunque deberá cumplir con reglas de conducta y afrontar una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la pena. El contraste judicial fue demoledor para las expectativas de los querellantes. Mientras el fiscal Gastón Pruzán había solicitado cinco años de prisión para Villamide y el contralmirante Luis López Mazzeo, el tribunal optó por desestimar por completo la hipótesis de responsabilidad de los otros tres imputados. López Mazzeo, junto a Héctor Alonso y Héctor Correa, quedaron exentos de todo cargo, en un fallo unánime que desconcertó a las familias de los 44 tripulantes que perdieron la vida en el fondo del mar el 15 de noviembre de 2017. El propio presidente del tribunal, Mario Reynaldi, intentó anticipar la polémica al iniciar la lectura: reconoció la "naturaleza humana" de los magistrados y pidió disculpas de antemano si hubieran cometido errores. Sin embargo, esa cautela no alcanzó para apaciguar el clima de tensión. Luis Tagliapietra, padre de uno de los submarinistas y querellante en la causa, había solicitado la pena más severa (ocho años de cárcel) y salió del recinto con la sensación de que la justicia había sido esquiva. Las querellas, de hecho, ya anticiparon su malestar al calificar el proceso como "una farsa", aunque sus pedidos más severos fueron anulados por cuestiones procesales que limitaron su acusación. Las últimas palabras de Villamide antes de conocer su suerte fueron un acto de desafío institucional. El oficial, impertérrito, sostuvo que "al día de hoy no entiendo claramente por qué me han acusado" y cuestionó que nunca se haya podido determinar con precisión la mecánica del naufragio. En un discurso que mezcló la defensa personal con la reivindicación corporativa, el condenado aseguró que "esto es un juicio a la Armada" y rindió homenaje a la tripulación, a quienes calificó como herederos de "las más altas tradiciones brownianas". El tribunal postergó la lectura de los fundamentos para el 21 de agosto, fecha en la que se sabrá con exactitud qué vínculo causal establecieron los jueces entre los incumplimientos de Villamide y la implosión del submarino. Hasta entonces, las partes podrán preparar los recursos de casación, por lo que el capítulo judicial de esta tragedia, lejos de cerrarse, ingresa en una nueva zona de incertidumbre que mantiene en vilo a los familiares y a una Armada que, una vez más, queda bajo la lupa de la opinión pública.