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La iniciativa, impulsada por el titular de la cartera económica, Luis Caputo, establece que la cancelación de las acreencias se efectuará mediante tres instrumentos de deuda específicos: LECAP con vencimiento en octubre de 2026 a una tasa del 2,55%, y dos series de BONCAP con vencimientos en enero y abril de 2027, con tasas del 2,5% y 2,55%, respectivamente. Como condición excluyente para acogerse al beneficio, los contratistas deberán firmar un desistimiento de todo reclamo administrativo o judicial vinculado al incumplimiento contractual. El mecanismo contempla un tope máximo de $211.100 millones y abarca las obligaciones generadas entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025. La normativa, que entrará en vigencia mañana, otorga un plazo de 10 días hábiles para que las empresas adhieran voluntariamente al programa. Si bien el texto oficial no precisa la cantidad exacta de expedientes comprendidos, fuentes del sector indican que el universo alcanza aproximadamente 2.000 proyectos que permanecen inconclusos en todo el territorio nacional. El Ejecutivo justificó la medida en la "indisponibilidad de créditos presupuestarios" y en la necesidad de implementar un mecanismo ágil que permita ordenar la situación financiera heredada de la gestión anterior, aunque aclara que algunas iniciativas ya fueron transferidas a las provincias o retomadas parcialmente durante el último bienio.